Ante la serie de capacitaciones a equipos docentes en diversas localidades del país, con materiales no oficiales y carentes de sustento teórico y científico –tanto en el plano pedagógico como psicológico– por parte de terceros y con la anuencia del Ministerio de Educación y Ciencias, por medio de la Resolución 933/2023, manifestamos cuanto sigue:
La entrega de información y contenidos educativos contrarios a evidencia y hallazgos científicos, por parte de una institución rectora del Estado, es un adoctrinamiento consentido operado desde el Sistema Educativo Nacional, y por tanto una abierta violación a los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país; es una abierta en contravención al Art. 28 de la CN, referido al Derecho a Informarse, que reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.
El Estado, junto con sus instituciones y autoridades en todos los niveles de gobierno, tiene la responsabilidad de brindar garantías de prevención, atención y protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en toda su diversidad y sin discriminaciones, con especial atención a pueblos indígenas, personas con discapacidad, zonas rurales y de la diversidad sexual, entre otros grupos de población.
Los suicidios, abusos sexuales, violencias y embarazo infantil y adolescente, entre otros problemas de fondo que viven niñas, niños y adolescentes, son empeorados por la constante irrupción en el Sistema Educativo por un sector antiderechos y fundamentalista, que dejan de lado la realidad que vive el país en cuanto a la violencia entre pares, el adultocentrismo y la violencia basada en género; hecho que significa una transgresión al Art. 54 de la CN de la Protección a la Niñez, que indica: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación”.
Aún más preocupante es la influencia negativa que tienen grupos antiderechos por medio de los contenidos permitidos por el MEC, que se alejan completamente de toda la evidencia científica, los estándares mínimos de calidad y sobre todo, la realidad. Las situaciones de violencias y abuso sexual que viven miles de niñas, niños y adolescentes no se abordan negando la realidad, los datos e imponiendo dogmas que las empeoran; dado que es contrario al Art. 68 de la CN del Derecho a la Salud que menciona: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades…”
La divulgación y validación oficial de afirmaciones como “los hombres no lloran”, “las niñas son débiles”, “Pronto serás fértil. Sé prudente y respetuosa”, “Puede haber dolor. El dolor es importante en la vida humana”, “Cuando se ama también se sufre”, “Tu cuerpo se preparará para ser esposa y madre”, entre muchas otras afirmaciones similares o en esa línea; perpetúa y profundiza las desigualdades de género existentes en la sociedad. Esto es incluso, una forma de cargar la “culpa” de las muertes por feminicidios que acontecen en nuestro país de modo constante, sobre las propias víctimas. Este hecho es contrario al Art. 73 de la CN sobre el Derecho a la Educación y sus fines, que expresa “Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio…”.
La evidencia de políticas públicas desde el ámbito de salud y educación en otros países de la región, demuestra que la Educación Integral de la Sexualidad es la mejor estrategia para afrontar las diversas situaciones de violencias y abuso sexual que viven en el país miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; por tanto, negarles el acceso a esta estrategia educativa es una abierta violación a sus derechos.
Hacemos un llamado a las instituciones del Estado y sus autoridades junto con sus equipos directivos y técnicos, a respetar la Constituciòn Nacional; y que no distraigan su atención y su responsabilidad con demandas vinculadas a intereses de un sector, cuyas posturas y demandas promueven el odio y el miedo buscando despojar de dignidad a la personas y debilitando el Estado Social de Derecho con ideas y acciones contrarias a los valores de la democracia, los derechos humanos y la cultura de paz.
