La Ley que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación se convirtió en un dolor de cabeza para los técnicos y asesores legales del Ministerio de Hacienda, quienes consideran que la complejidad de los artículos y los vacíos legales que contiene dificultan su aplicación inmediata.
A principios de este mes, Hacienda solicitó un dictamen a la Abogacía del Tesoro y a la Procuraduría General de la República para determinar si la reciente ley aprobada deroga leyes relacionadas con las transferencias de royalties de Itaipú.
Los funcionarios de Hacienda indicaron que debido a las modificaciones que sufrió el proyecto durante su tratamiento, donde fueron incluidos varios pedidos de todos los sectores, la ley terminó siendo bastante confusa y compleja, lo que crea una dificultad operativa.
Como ejemplo se menciona el hecho de que se crea un fondo fiduciario y cuando se tengan que imputar dichos recursos para un proyecto de educación determinado, no existe en la Ley del Presupuesto Público una fuente determinada para este tipo de ingresos, ya que solo existen tres categorías como fuentes de financiación: F10, recursos del Tesoro; F20, préstamos externos y donaciones, y F30, recursos propios. Lo más probable es que finalmente, ante esta situación, se recurra a la reglamentación de la ley vía decreto.
Los técnicos de Hacienda están agilizando todo lo que sea posible para tener un reglamento para la aplicación de la ley de Fonacide, que estable la distribución del uso del dinero proveniente de los royalties de la Itaipú, que rondan los 360 millones de dólares.
(Última Hora – 8 de octubre de 2012) – http://goo.gl/TKPqs
Fuente: Reseña «Niñez y Adolescencia en los Medios» de la Agencia Global de Noticias